3/07/2009

¿DESPIDOS MÁS BARATOS?


Tocar este tema levanta ampollas entre los sectores más puristas de la izquierda y, sobre todo, en nuestra vertiente sindical. En los últimos años, el despido se ha convertido en un tema tabú, algo intocable pese a que no tocarlo quizá sea alimento para perpetuar el desastre que ahora vivimos. No hace muchos días, el socialista Miguel Ángel Fernández Ordóñez trató de incorporarlo al debate social. Nadie ha dudado nunca de la tendencia ideológica de Fernández Ordóñez, y tampoco de sus bastos conocimientos sobre economía. De ahí el puesto que ahora ocupa al frente del Banco de España, otorgado por el PSOE en base a esos dos mismos criterios: su color político y su sabiduría económica. Y, sin embargo, en cuanto mentó el problema se satanizó su figura, empujándolo prácticamente a la parte más a la derecha de nuestro espectro electoral.

Miguel Ángel Fernández pidió que se revisen los despidos, que busquemos una fórmula que anime a las contrataciones. No habló nunca de desprotección social ni de que los trabajadores paguen los platos rotos de esta crisis. Incluso él es consciente de que este caro banquete del que ahora llega la factura no ha sido provocado por los trabajadores, que las culpas se encuentran en un capitalismo radical, en grandes empresas empecinadas en beneficios rápidos y posiblemente en el sistema de bonus o primas que los ejecutivos han venido percibiendo para aumentar la productividad. Pero, sea como sea y con el culpable que sea, la realidad está ahí, en la calle, con más de tres millones y medio de personas sin trabajo y una falta absoluta de liquidez en las empresas y familias. Y por eso necesitamos nuevas soluciones, soluciones quizá incómodas pero efectivas.

Los blindajes laborales nos han llevado a parte del problema actual, a una crisis financiera que al poco se convirtió en crisis económica. Resulta evidente también que los blindajes que cito son los de los grandes ejecutivos, los de los ricos, pero si observamos bien la foto vigente veremos que son los pequeños blindajes de los pequeños los que ahora pueden agravar el problema. Necesitamos trabajo, y los empleadores no se atreven a contratar por miedo a que todavía decaiga más la economía. Además, vivimos en un mundo de EREs. ¿Y qué es un ERE en realidad? Pues el mantenimiento de unos costes mínimos durante un periodo de tiempo determinado sin aumentar la productividad. Entre la empresa y el Estado se paga un salario a unos trabajadores para que se queden en casa. El Estado deja de ingresar sus cuotas a la Seguridad Social y además abona de las mismas el Fondo de Garantía. La empresa paga parte del coste salarial por personas que no fabrican. El producto final de esa empresa será mucho más caro que en la situación Pre-ERE y menos competitivo en el mercado global. Esta falta de competitividad desembocará a medio plazo a un retroceso de sus ventas y a la larga en que los EREs mal dirigidos se conviertan en despidos pactados por cierre. Y esos despidos no contemplarán 45 días por años, seguro. Pan rancio para hoy y hambre asegurada para mañana.

Dicho esto, quizá parezca que pretendo el despido libre. Ni hablar. El despido libre nos abocaría a una grave falta de seguridad para el trabajador. Tal vez se superara la ausencia de ventas y se mejoraría la productividad, quizá así ya no hablaríamos entonces de crisis económica, pero sí de imperdonable crisis humana, un castigo para los pobres a favor de los que no lo son.

Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Mantenemos los despidos tan caros como los actuales? O mejor aún, los aumentamos, los subimos a 90 días por año, o a 120, o a la quiebra de un empleador por un despido, evitando el miedo de los presentes empleados pero asegurando un negro futuro a los que no se benefician de un puesto fijo ahora mismo. La fórmula se antoja inadecuada. Los despidos caros implican que los empleadores no se arriesguen a contratar en muchas ocasiones. Y, que nadie se engañe, lo que todos queremos es un empleo digno, pagado adecuadamente y con coberturas sociales correctas.

Aquí es donde debemos abrir nuestra mente y buscar la ecuación correcta, la que Miguel Ángel Fernández Ordóñez pretendía que se debatiese. ¿Estaba hablando de abaratar el despido? Pues en realidad no, más bien al contrario. La fórmula correcta, la fórmula que la izquierda debería plantear en este instante que gobierna y puede cambiar normas y leyes, pasaría por reducir mucho las indemnizaciones por despido a la par que sube un insignificante punto las cotizaciones que se han de pagar por parte de los empleadores a la Seguridad Social. Este punto más de cotización ha de ser destinado en todo momento a las coberturas por desempleo, ayudas familiares y servicios para los no empleados.

No hay que olvidar que incluso en estos aciagos momentos de aumento del desempleo, el ochenta y cinco por ciento de la población activa se encuentra cotizando a la Seguridad Social. Aumentar un punto sus aportaciones repercutiría apenas perceptiblemente en ellos y en las empresas, y sin embargo supondría un montante muy serio para las arcas del Estado y sus políticas de protección, que podría llegar a eso otro quince por ciento necesitado.

Este plan económico puede dar miedo a los trabajadores, puede sembrarnos cierta incertidumbre, pero pondría en manos del Gobierno y no de la voluntad de los empresarios nuestra seguridad. Además, contaríamos con otras ventajas:

1 Empleador contrataría más, con menos miedo, volviendo a mover el mercado laboral. La capacidad de elección tanto del empleado como del empleador llevaría a enfocar un mercado ágil y competitivo, con reubicaciones y ajustes de productividad.
2 Se reducirían sin duda los desempleados de larga duración y se dañaría menos a los parados de edades avanzadas. Hasta ahora, superados los cincuenta años, resulta muy complicado encontrar un trabajo después de esa edad. Las empresas tienen miedo de que podamos sufrir bajas laborales largas que les supongan una duplicidad de pagos.
3 Para la izquierda, no se perderían votos. La mayoría de los empleadores siguen votando a la derecha. Los trabajadores mantendrían una protección adecuada gracias a esos nuevos ingresos de la Seguridad Social y los empresarios, pasados unos meses, soportarían con adecuación el tipo impositivo.

La izquierda gobierna en estos momentos, pero lo hace con complejos viejos y miedos públicos. ¿Desde cuándo ha representado para nosotros un inconveniente subir moderadamente los impuestos? No somos neoliberales que pretendamos un mercado sin gobierno, sino socialdemócratas que buscan un gobierno con algo de mercado. Lo único verdaderamente inexcusable para una subida de impuestos es que repercuta directamente sobre la ciudadanía y mejore su existencia.